Este golpe fue ejecutado bajo el estandarte del "Movimiento Juventud de Militares". Sin embargo, sus repercusiones fueron mucho más allá de la destitución del presidente Romero. La Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también fueron disueltas, y se implementaron medidas drásticas como la Ley Marcial y el Estado de Sitio.
La Fuerza Armada alegó diversas razones para justificar esta acción sin precedentes. Se argumentó la violación de los derechos humanos, el fomento y tolerancia a la corrupción en la administración pública y judicial, el desprestigio del país y de la institución armada, así como los fraudes electorales. Además, se acusó al gobierno de adoptar programas de desarrollo inadecuados que limitaban el cambio estructural, frenando así el poder económico y político del país.
Este Golpe de Estado no solo transformó la esfera política salvadoreña, sino que dejó una huella indeleble en la estructura institucional del país. Las tensiones y conflictos que condujeron a esta acción resonarían a lo largo de la década de 1980, dando forma a un período tumultuoso en la historia reciente de El Salvador.
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